El TJUE decidirá en los próximos meses –fuentes judiciales hablan de una sentencia antes de marzo– si ese índice, el segundo de referencia más usado en las hipotecas en España tras el euribor, queda exento o no de cualquier tipo de control de transparencia, como ya dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de 2017. Si fuera así, los bancos estarían expuestos a miles de reclamaciones, cuyo importe podrían verse obligados a abonar con carácter retroactivo, incluso si las hipotecas ya hubieran vencido.

Nueva amenaza

Tras los reveses judiciales sufridos con las hipotecas multidivisas, las cláusulas suelo, los intereses de demora abusivos o las cláusulas de vencimiento anticipado, el frente judicial de las IRPH puede suponer un nuevo revés para la banca y la Justicia española, ya que las instancias europeas pueden volver a fallar en contra de una sentencia del Supremo, cuando dictaminó que el IRPH, al que están referenciadas cientos de miles de hipotecas en España, no podía considerarse abusivo. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, el Abogado General de la UE estimó en un informe –que no es vinculante pero que el Alto Tribunal suele tener en cuenta en más de un 80% de las ocasiones– que el IRPH puede ser considerado una cláusula abusiva en el ámbito de la directiva europea y que podían reclamarse todas las cantidades cobradas indebidamente por «su carácter potencialmente abusivo» y por «la falta de accesibilidad y claridad» de la fórmula que calcula este índice –en clara contraposición a lo dispuesto por el Tribunal Supremo español–.

La sentencia de las instancias europeas no juzgará la legalidad de este índice, sino que determinará si las entidades financieras fueron claras y actuaron con transparencia cuando comercializaron estos productos hipotecarios. Por ello, las alegaciones presentadas por los bancos para defender la validez de este índice siempre han ido encaminadas a validar esa transparencia y lo han hecho con dos argumentos: que han contado siempre con el visto bueno del Banco de España y que les avala la sentencia del Supremo.

Serían cerca de 1,5 millones las personas a las que afectaría la sentencia del TJUE y podrían reclamar la desaparición de este índice y la devolución de las cantidades pagadas irregularmente. Cinco entidades financieras acaparan la mayoría de hipotecas de este tipo: CaixaBank, Santander, Kutxabank, BBVA y Catalunya Caixa.