Javier Orduña: «Habrá una avalancha de reclamaciones por el IRPH y puede colapsar los tribunales»

Reproducimos una entrevista realizada a Francisco Javier Orduña, exmagistrado del Tribunal Supremo, publicada en el Diario Las Provincias en la que alude a la previsible avalancha de reclamaciones por IRPH.

Artículo escrito por Elisabeth Rodríguez y publicado el 3/11/2019 en Las Provincias.

El ex magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, Francisco Javier Orduña, vaticina una avalancha de reclamaciones por la aplicación del índice hipotecario IRPH. El valenciano, que fue precursor de la sentencia contra la cláusula suelo, emitió un voto particular en 2017 cuestionando este mecanismo de referencia. A raíz de eso, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestiona este índice y deberá resolverse en breve.

-¿Por qué consideró que el IRPH era opaco frente a lo que pensaba la mayoría de los magistrados?

-El hecho de que el IRPH realmente fuera un índice aprobado no implica que quedase excluido del control de transparencia. Una cosa es que un índice venga autorizado administrativamente y otra es que ese propio índice sea susceptible, por su complejidad, de tener que ser explicado al cliente; ahí es donde la entidad tiene ese deber de explicar el funcionamiento de ese índice y sus consecuencias porque si no, el cliente no puede tener una visión clara al faltarle información. Ahora tenemos que esperar la sentencia del TJUE.

-¿Para cuándo se espera esa sentencia? ¿Cree que el fallo respaldará al abogado general?

-Hay que ser respetuoso con los tiempos. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para enero o febrero del 2020. En mi opinión, entiendo que va a seguir esa postura de transparencia y luego los parámetros a exigir se moverán en los parámetros de la Comisión Europea, que son mucho más estrictos y rigurosos. Se moverá en estos dos planteamientos, con el matiz de un enfoque más estricto o bien más flexible como plantea el abogado. Lo que es seguro es que va a haber una avalancha de reclamaciones judiciales y eso podría colapsar los tribunales. En este sentido me gustaría recordar que siempre son positivos los mecanismos de mediación, porque si no la judicialización de estos temas colapsará los tribunales de justicia. Es decir, que las entidades financieras y clientes puedan acceder a mecanismos de mediación y transacción porque la justicia española ya está desbordada de por sí.

-¿Qué opinión le merece el fallo sobre el vencimiento anticipado que abre la puerta a resucitar ejecuciones hipotecarias sobreseidas?

-Debe ser objeto de crítica, ya que traspasa una línea roja de la propia directiva europea. El Tribunal Supremo entiende que cuando se declara nulo un contrato hipotecario porque existe una cláusula abusiva, cree que es mejor continuar con el procedimiento de ejecución hipotecaria sin consultarlo al deudor. Sin embargo, lo que se desprende de la norma comunitaria es que el deudor tiene derecho de decidir si quiere la nulidad. El juez nacional no puede decidir cuál es el interés del consumidor, aunque crea saber qué es lo que más le beneficia. Esto es absurdo porque es como volver al despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Paradójicamente, con esta sentencia se mantienen los efectos de la cláusula abusiva porque la cláusula permitía la ejecución hipotecaria y al final la solución que se le da al consumidor es continuar con la ejecución hipotecaria.

-Usted insiste mucho en la necesidad de transparencia en general, pero en concreto por parte de las entidades bancarias.

-Si está habiendo una pérdida de confianza de cara a los bancos, el mejor camino para recuperarla es la transparencia. Las entidades deben ofrecer al cliente una práctica sencilla, comprensible y accesible. Este factor supone un valor de reputación social pero también supone un acuerdo de buena gobernanza. Las entidades financieras deben ser líderes en transparencia.

-¿Considera que los poderes públicos deben legislar para conseguir esa transparencia?

-Sí, debe legislarse. Tenemos una legislación obsoleta respecto a la transparencia. Lo más avanzado que nos llega es de la legislación europea, no de la nuestra propia. La ley de contrato de seguro, que fue la primera ley de contratos general es de 1980, la de protección de consumidores es de 1984 y así podríamos seguir hablando de muchas otras. Hace falta nueva regulación con altura de miras que contemple la transparencia como valor fundamental. Esto permite proteger al consumidor y favorecer la competencia.

-¿Hasta qué punto están politizados los tribunales?

-Yo creo que no está politizado en general. Desde Montesquieu que haya unos ciertos vasos comunicantes entre los distintos poderes es una necesidad, la cuestión está en el nivel de dependencia. Yo la experiencia que he tenido es que fundamentalmente los jueces son muy independientes, aunque luego sean menos o más acertados. Dicho esto, es obvio también que como seres humanos no son ajenos a las presiones sociales.